🚨Un Riesgo Real que No Puede Ignorarse

Las violencias sexuales, dentro de las que se incluyen comentarios, insinuaciones, gestos, contacto físico no consentido o cualquier acción de connotación sexual no bienvenida por la persona, cada vez tienen mayor visibilidad en espacios de trabajo y educación, por lo que exigen respuestas rápidas y efectivas por parte de las organizaciones.

A partir de la Ley 2354 de 2024, se establecieron una serie de obligaciones para empleadores y entidades educativas de, entre otros, tener políticas, protocolos y rutas de atención con un enfoque de inclusión e igualdad, que pueden ser objeto de inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio de Trabajo, y en consecuencia, dar lugar a sanciones administrativas en caso de incumplimiento.

 

 

⚖️ Obligaciones Empresariales

Las normativas actuales obligan a las empresas a:

  • Garantizar entornos seguros y libres de violencia.
  • Implementar protocolos internos claros para atender denuncias.
  • Diseñar políticas empresariales contra el acoso.
  • Crear y fortalecer comités de convivencia.
  • Establecer canales de denuncia confidenciales y accesibles.
  • Capacitar periódicamente al personal en prevención y sensibilización.
  • Adoptar acciones disciplinarias frente a conductas comprobadas.
  • Implementar medidas de protección jurídicas, psicosociales, laborales de restitución.
  • Evaluar y mejorar continuamente los protocolos.

 

📌 Consecuencias del Incumplimiento

El incumplimiento de estas obligaciones no solo puede generar sanciones administrativas de parte del Ministerio, sino que además genera:

  • Riesgo de sanciones legales (laborales, administrativas, civiles, disciplinarias y penales).
  • Pérdida de reputación institucional.
  • Impacto en la confianza y bienestar de trabajadores y comunidades educativas.
  • Afectación al ambiente laboral y desempeño de los trabajadores.

 

 

🤝 Nuestro acompañamiento

En MV podemos acompañarte en:

  • Revisar y fortalecer tus protocolos internos.
  • Diseñar programas de prevención y atención.
  • Brindar asesoría jurídica especializada en casos de denuncia.

 

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